La mujer ha sufrido desde los inicios de la civilización, de un trato discriminatorio en todos los ámbitos de la vida pública y privada. La participación política ha sido uno de ellos, en donde antiguamente se consideraba que la mujer no poseía las capacidades mentales suficientes para emitir su opinión referente a asuntos públicos, ni mucho menos formar parte de la vida política de los países; existía la creencia generalizada de que las mujeres no eran aptas para trabajos intelectuales, solo debían dedicarse a las labores del hogar y por ello se les negaba la oportunidad de una educación.
Hoy en día se utilizan otros argumentos para dificultar el acceso de las mujeres a la política, siendo el más utilizado el de la maternidad. A pesar de todas las medidas establecidas en la legislación, la discriminación hacia la mujer hoy en día se basa en aspectos más emocionales que reales.
Algunas personas (la menos, afortunadamente) responsabilizan exclusivamente a la mujer del funcionamiento de la familia y de la crianza y educación de los hijos. No se dan cuenta que la maternidad y los cuidados deben ser compartidos y se pueden compatibilizar con otras actividades. Las medidas de conciliación laboral, familiar y personal también está para las políticas.
El poner en duda la capacidad de una mujer para puestos de alta responsabilidad atenta contra la inteligencia de quienes lo escuchan, pero además va en contra del artículo 8 de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres: “Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo y la maternidad”.
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