RDL 5/2012, de 5 de marzo, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles

Mediante este Real Decreto-Ley se regula la facultad de las partes para disponer del objeto del juicio y someterse a mediación, así como la posibilidad de que sea el Juez el que invite a las partes a llegar a un acuerdo y, a tal fin, se informen de la posibilidad de recurrir a la mediación. Se trata de una novedad que, dentro del respeto a la voluntad de las partes, trata de promover la mediación y las soluciones amistosas de los litigios. Entre las ventajas de la mediación es de destacar su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes y ello la configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se ha de deslindar con claridad. La mediación está construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto.

RUPTURA MATRIMONIAL VERSUS PENSION DE VIUDEDAD

Isabel Abella Ruiz de Mendoza, abogada y socia de Abella Legal, repasa los últimos tres años de legislación en materia de seguridad social y visibiliza la realidad de nuestras mujeres mayores.

El Centro de la Mujer reproduce su artículo publicado en AMECOPRESS el 28 de Julio de 2011, para difundir y reconocer la ingente lucha de algunas mujeres para lograr que muchas mujeres reciban su pensión de viudedad.

AmecoPress. El debate generado por la reforma de las pensiones ha sido muy enrevesado y ha tenido tal sesgo mediático hacia alguna de sus implicaciones, que otras de ellas, no menos importantes, corren el riesgo de pasar desapercibidas. Es el caso de las pensiones de viudedad tras la ruptura matrimonial. Mediante este artículo queremos repasar el camino recorrido los últimos tres años por la legislación en materia de seguridad social y plantear un debate legítimo en defensa de sus principales perjudicadas.

El 1 de enero de 2008 entra en vigor la Ley 40/2007 que reforma la Ley General de la Seguridad Social. La Seguridad Social malinterpretó dicha Ley a su favor, pretendiendo vincular el derecho a percibir la pensión de viudedad de las personas separadas judicialmente y/o divorciadas a tener reconocida una pensión compensatoria. Los posteriores (e insuficientes) cambios legislativos además del apoyo jurisprudencial en varias comunidades autónomas, darían la razón al colectivo de viudas y viudos perjudicados.

Es cierto que la modificación introdujo algunos avances al reconocer las pensiones de viudedad a las parejas de hecho, aunque para ello tengan que cumplir unos requisitos circenses.

Una de las principales consecuencias de esta ley fue dejar fuera del sistema de protección social a un sinfín de viudas que al morir sus exparejas veían denegadas sus pensiones de viudedad por los años cotizados durante el matrimonio.

Apareció en Bizkaia la primera perjudicada separada a quien le denegaron la pensión de viudedad del matrimonio que mantuvo durante más de 30 años. Sin derecho a la pensión de jubilación ni a la pensión de viudedad, esta mujer estaba abocada a sumergirse bajo el umbral de la pobreza.

Muchas personas le siguieron. Desafortunadamente otras tantas se conformaron con la negativa de la Seguridad Social y volvieron a sus vidas sin percibir una pensión de viudedad a la que tenían derecho. Otras, sin embargo, cuestionaron el sistema y reclamaron su derecho. (¡Unas grandes indignadas! ¡Bravo!). Algunas de ellas se agruparon virtualmente para luchar por esta injusticia social que entraña una profunda discriminación por razones de sexo, recursos económicos y estado civil y que azota a un gran número de mujeres en peligro de exclusión social.

Gracias a esas personas luchadoras, en su gran mayoría mujeres, al apoyo de varios Tribunales Superiores de Justicia, y de algunos diputados del Congreso se consiguió modificar la malograda Ley, llegando una nueva redacción en la Ley 26/2009. Esta nueva Ley dejó claro, sin margen a interpretación alguna, la vinculación entre la pensión de viudedad y la pensión compensatoria, ahondando en las citadas discriminaciones. Dejó otra vez pendiente la tarea de reformar las pensiones de viudedad. Lo que sí permitió fue que personas separadas y divorciadas antes del 1 de enero del 2008 y, por ello, perjudicadas por la Ley 40/2007, que cumplían los nuevos requisitos tasados en la ley del 2009, accedieran a su prestación.

Un triunfo agridulce, una limosna legislativa que, una vez más, intentó acallar las voces de todas esas personas que pedían en los juzgados, en el Congreso y en la calle el derecho a su prestación.

Apenas año y medio después, tras el profundo debate social sobre la reforma de las pensiones, se aprueba a finales de este julio 2011 la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. Una nueva disposición intenta rescatar a perjudicadas por la Ley 40/2007 (separadas y divorciadas antes de enero de 2008) y concederles su pensión de viudedad, esta vez con las condiciones de ser mayores de 65 años, no percibir ninguna pensión pública y con una duración del matrimonio superior a 15 años.

Se deberían de devolver de oficio por parte del INSS las pensiones de viudedad a todas aquellas personas que desde enero 2008 les fueron denegadas en lugar de someterlas a cambiantes requisitos.

A futuro, tenemos que seguir trabajando por una transformación progresiva de la pensión de viudedad que tienda paulatinamente a su desaparición como en otros países europeos, que sea acompañada de medidas transitorias que tengan muy en cuenta la realidad de nuestras mujeres mayores, y que así deje de potenciar que mujeres casadas permanezcan en dependencia económica o en economía sumergida. No sin olvidar la diferente situación de mujeres y hombres en el mercado laboral, donde la división sexual del trabajo, la feminización del uso de las medidas de conciliación o la discriminación salarial, entre otras realidades, inciden directamente en las futuras prestaciones.

Las candidaturas paritarias serán obligatorias en los municipios con más de tres mil residentes

La Ley de Igualdad amplía el requisito de paridad en las elecciones municipales de mayo a las localidades de más de 3.000 habitantes. Las candidaturas deben integrar un mínimo de un 40 por ciento de mujeres, lo que en 2007 se aplicó a núcleos por encima de 5.000 residentes.

La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres impuso la aplicación de este requisito electoral en 2007 a las localidades de más de 5.000 habitantes. La ley estatal amplía ahora ese requerimiento para los núcleos que superen los 3.000 habitantes, lo que casi ha duplicado el número de poblaciones en las que las listas que optan a los ayuntamientos deben contar con un equilibrio entre hombres y mujeres.

La ley establece que ningún sexo esté representado por debajo del 40 por ciento en una candidatura a municipios de 3.000 habitantes en adelante, medida que afecta también a las listas provinciales que se presentan a las Cortes. El objetivo es incrementar la presencia de mujeres en órganos de decisión política.

La normativa opta por una paridad relativa, ya que desecha las listas ’cremallera’ -alternando mujeres y hombres, o viceversa, de principio a fin-, pero regula la colocación por sexos a lo largo de toda la candidatura para evitar que ese mínimo legal del 40 por ciento de mujeres se sitúe en los últimos puestos, con nulas opciones de salir elegidas. La Ley impone que ese equilibrio de 40/60 debe aplicarse en tramos de cinco puestos, de forma que en cada uno de ellos debe haber tres personas de un sexo y dos de otro.

ORDEN 29/12/2010 DE ACREDITACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES

INFORMACION ORDEN DE ACREDITACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 29/12/2010


Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto convocar, para el año 2011 en la Comunidad de Castilla-La Mancha, el procedimiento para el reconocimiento, evaluación y acreditación de la competencia profesional adquirida por la experiencia laboral o de vías no formales de formación, de conformidad con el Real Decreto 1224/2009 de 17 de julio, de reconocimiento de competencias adquiridas por experiencia laboral, para las siguientes cualificaciones profesionales:

• Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
• Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
  Educación infantil

Plazas convocadas.
• 250 para cada una de las cualificaciones profesionales convocadas, lo que supone un total de 750 plazas.

Se reserva un cupo máximo de un 30 % de las plazas convocadas para personas inscritas como demandantes en una oficina de empleo del Servicio Público de Empleo, realizándose la selección de las personas candidatas, en caso de superar las plazas convocadas, de forma independiente según su situación de desempleo u ocupación.

Requisitos de participación en el procedimiento.

1. Las personas que deseen participar en el procedimiento deberán cumplir, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión, o ser titular de una autorización de residencia o, de residencia y trabajo en España en vigor, en los términos establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración. Este requisito debe mantenerse hasta el final del proceso.
b) Tener 20 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción.
c) Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las competencias profesionales objeto de la convocatoria que se quiere acreditar, siendo la fecha límite para su cómputo la de entrada en vigor de la presente orden:
1º. En el caso de experiencia laboral. Justificar, al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria.

2º. En el caso de formación. Justificar, al menos 300 horas, en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria. En los casos en los que los módulos formativos asociados a la unidad de competencia que se pretende acreditar contemplen una duración inferior, se deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos.
Personal Excluido.

a) Estar en posesión de un título de formación profesional o certificado de profesionalidad que contengan la unidad de competencia cuya acreditación se pretende, ni de sus equivalentes.
b) Estar matriculado en una oferta formativa reglada que contenga la formación asociada a la unidad de competencia cuya acreditación se pretende.
c) Estar realizando un curso con un itinerario formativo conducente a un certificado de profesionalidad en el que esté incluida alguna unidad de competencia para la que se solicite la evaluación y acreditación.

Solicitudes y documentación a presentar.

1. . Las personas interesadas en participar en este procedimiento deberán presentar la solicitud según el modelo que figura en los Anexos de la orden. La solicitud también estará disponible en:

- La web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es)
- Portal de Orientación Profesional de Castilla-La Mancha (http://pop.jccm.es)
- Portal de Educación (http://www.educa.jccm.es/)
- Web del Sepecam (www.sepecam.jccm.es)
Dicha solicitud estará disponible en el SEPECAM de Ocaña.

Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

1. La solicitud, junto con la documentación exigida, se presentará en las oficinas y sedes del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En el caso de presentar la solicitud ante una Oficina de Correos, se deberá realizar en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja de la solicitud, se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión.

El plazo para solicitar la inscripción en el procedimiento será hasta el día 28 de enero de 2010.

EN CASTILLA LA MANCHA YA TENEMOS LEY DE IGUALDAD

Hoy, 25 de noviembre, se publica la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, que el pleno de las Cortes aprobó el pasado 18 de noviembre por unanimidad de los grupos.

la Ley Orgánica 3/2007 es legislación básica, es decir, regula los mínimos que tienen que ser garantizados a todas las personas con independencia de donde residan. La naturaleza de legislación básica de una buena parte de su articulado faculta a las comunidades autónomas a la ampliación de los derechos reconocidos. Castilla-La Mancha no puede conformarse con los mínimos y, por ello, desarrolla y amplía estos derechos básicos hasta el límite de sus competencias estatutarias.

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/11/25/pdf/2010_19878.pdf&tipo=rutaDocm